Una frontera no es solo una línea sobre un mapa. Es la expresión de una comunidad política que decide qué valores protege y qué responsabilidades comparte. Cuando una frontera europea es violada, toda Europa es más débil. Cuando una frontera no se defiende adecuadamente, toda Europa se desprotege. Es lo que está ocurriendo.
La reacción del actual Gobierno español, incapaz de asumir el verdadero diagnóstico y aplicar el correcto tratamiento, me obliga a reiterar antes de nada la evidencia, tal y como ya hizo la semana pasada el presidente de Ceuta en su visita a Bruselas. No asistimos a una crisis migratoria al uso, sino a las consecuencias de una invasión procedente de Marruecos, que por ello debe hacerse responsable de haberla consentido o instigado.
En Ceuta se ha esfumado la normalidad desde hace más de seis semanas, y las escenas de caos, masificación e inseguridad deben avergonzarnos e interpelarnos. Pensar que la prolongación en el tiempo de esta situación no tendrá consecuencias es un error que no podemos permitirnos: afecta a nuestra soberanía, a nuestra capacidad colectiva para defender el Estado de Derecho, a la seguridad de los ciudadanos y a la credibilidad del proyecto europeo para garantizar su propia estabilidad.
El briefing imprescindible para quienes deciden, negocian y marcan la agenda política.
Sin duda, las autoridades estatales son las primeras que tienen que asumir el compromiso de resolver esta crisis bajo un principio irrenunciable, compartido por todos los miembros de la Unión Europea en el Pacto de Migración y Asilo: aquellos que han entrado irregularmente deben retornar. Todos. La obligación del Gobierno de España no es buscarles acomodo, sino agilizar su salida.
Dicho esto, a tenor del tiempo transcurrido y del agravamiento de los episodios de violencia en Ceuta, el conjunto de Europa debe reconocer el fracaso del Gobierno de España y ejercer la presión adecuada para que esta crisis no se enquiste, no se extienda y no se repita. Del mismo modo que ha sabido responder cuando se ha visto afectada por otras amenazas híbridas (como la energía, el comercio o la información), el ataque a nuestra frontera sur exige ahora la misma determinación.
En primer lugar, la Unión Europea debe tener interés en que España aplique, con la intensidad y agilidad debidas, todos los instrumentos europeos que permitirían el retorno. En segundo lugar, debe dilucidar por qué el propio Reino de Marruecos ha reiterado en comunicado oficial su disposición a recibir a todas las personas que accedieron el 30 de julio, mientras que hay ministros españoles sosteniendo que no existe dicha colaboración.